“Todos los españoles tienen derecho a las mismas prestaciones vivan donde vivan”, repitió ayer el Ministerio de Políticas Sociales, al mando de Mercedes Cabrera, para terciar en el debate sobre la implantación de la Ley de Dependencia. Pero no parece que la cosa vaya a ser tan sencilla. Las comunidades autónomas no acaban de llegar a un acuerdo sobre la calidad que han de acreditar los establecimientos que atiendan a personas dependientes, es decir, geriátricos, centros de día y noche. Las diferencias que en la actualidad existen entre unas comunidades y otras dificultan encontrar unos mínimos comunes exigibles. Del último borrador, al que ha tenido acceso este periódico, sobre la acreditación oficial de estos centros, se desprende que la implantación de las características exigidas habrá de resolverse en dos fases. Una primera, hasta 2011, en que las comunidades más pobres (o las que llevan más retraso en servicios sociales) tendrán que ponerse al día; y una segunda etapa, de ese año hasta 2015, en que la exigencia de mayores criterios de calidad obligará a todas a un nuevo esfuerzo.

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